Revitalização de parques em Fortaleza por meio de operações consorciadas
(Crédito: Diário de Nordeste/Reprodução)
Com a aprovação do Estatuto da Cidade, vários instrumentos urbanísticos passaram a ser implementados nas cidades brasileiras. Esse é o ponto de partida do artigo de Renato Pequeno, Breno Holanda e Sara Vieira Rosa (LEHAB/UFC) para a Revista Entretextos. A análise aponta que tem predominado na política urbana do país os instrumentos pró-mercado como as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs). Ao avaliar as políticas públicas de Fortaleza, os autores mostram que sete operações urbanas foram aprovadas enquanto nenhuma Zeis foi regulada ou implementada. E que nenhuma dessas OUCs cumpre os requisitos mínimos exigidos pela legislação, demonstrando a dissociação entre o Estatuto da Cidade e a realidade ainda hegemônica de uma sociedade patrimonialista.
O artigo “Las asociaciones público-privadas y el desarrollo urbano: análisis de ilegalidades en la creación de operaciones urbanas consorciadas en Fortaleza, Ceará-Brasil” integra a edição nº 26, ano 9 da Revista Entretextos (México). O trabalho é assinado pelo professor Renato Pequeno, coordenador do Laboratório de Estudos da Habitação (LEHAB/UFC), e pelos pesquisadores Breno Holanda e Sara Vieira Rosa. Os três integram o Núcleo Fortaleza da Rede INCT Observatório das Metrópoles.
Segundo os autores, o artigo se volta para debate relacionado ao Estatuto da Metrópole aprovado em 2001, e que ofereceu em seu conteúdo alguns instrumentos destinados a equipar municípios para uma gestão mais democrática do solo urbano e para o cumprimento da função social da propriedade — o que caracterizou a agenda do movimento da Reforma Urbana no país. No entanto, o que se tem visto na prática são barreiras a esses instrumentos na sua implementação nos municípios, já que têm enfrentado interesses opostos: por um lado, os objetivos da Reforma Urbana que busca mais igualdade de acesso à terra urbanizada e, do outro, as intenções do mercado imobiliário.
Abstract
With the approval of the Estatuto da Cidade, many instruments have started to incorporate the urban politics in the Brazilian cities. In the case of Fortaleza, it is important to note that some of these instruments were more accepted than others, because of the varied interests of the property market. As an example of this situation, there are seven Urban Operations that were approved in opposition to absolutely none ZEIS regulated. Another point that is also posed is that every operation approved presents a deficiency of the minimal demands predicted on law, showing the dissociation between the objectives once predicted in the Estatuto da Cidade with the reality of a patrimonial society. The scientific methodology adopted consists, primarily, in the bibliographic revision of authors that speak on the theme, in the study of the specific urban laws and in the systematization of the laws of the approved SUO’s.
PRESENTACIÓN
Por Renato Pequeno, Breno Holanda e Sara Vieira Rosa
Como la mayoría de las ciudades brasileñas, Fortaleza, que tiene aproximadamente dos millones seiscientos mil habitantes , se caracteriza por un desarrollo urbano desigual y excluyente. En 2013, fue clasificada por la ONU como la quinta ciudad más desigual del mundo. Sus desigualdades son percibidas en los diferentes ingresos, en el acceso a la educación y en el acceso a la tierra urbanizada. Actualmente, tiene más de 130.000 familias registradas en los programas de proveimiento de vivienda social, lo que corresponde a aproximadamente el 20% de la población en situación de déficit de vivienda. Si nos fijamos en la variable del mal estado de la vivienda (viviendas precarias), ese número es aun más aterrador, alcanzando más del cuarenta por ciento de la población, de acuerdo con el Plan Local de Vivienda Social (PLHISfor, 2013).
Respecto de las políticas públicas, especialmente la urbana y la de vivienda, se observa en el municipio una disociación entre ellas (Pequeño y Rosa, 2015). Tal condición puede ser probada teniendo a la vista los programas y proyectos ejecutados. Muy a menudo, las acciones del gobierno se han reducido a la ejecución de grandes proyectos urbanos no vinculados con lo que está planeado para el municipio, lo que dificulta aún más el pleno derecho a la ciudad por parte de sus ciudadanos.
En este contexto, cabe destacar la creciente participación de actores privados en el escenario de transformación urbana y en la definición de las políticas públicas. El gobierno municipal ha invertido cada vez más en asociaciones con el sector privado, apoyándose en un discurso de que los fondos públicos no son suficientes para las obras necesarias, y que es imprescindible compartir los riesgos con el inversionista privado.
Este artículo ofrece parte de los resultados preliminares de la investigación “Financiamento do desenvolvimento urbano, planejamento, inclusão socioterritorial e justiça social nas cidades brasileiras” , el cual tiene como objetivo acompañar y analizar las Asociaciones Público-Privadas10 (APP) orientadas al desarrollo urbano en los tres municipios mencionados, con el fin de verificar el impacto de su diseño, modelo, gestión y ejecución sobre las desigualdades sociales existentes, sobre el acceso de las poblaciones a los procesos de toma de decisiones y los bienes urbanos, así como a los derechos de los residentes de los asentamientos informales y poblaciones vulnerables.
Los análisis realizados hasta la fecha apuntan a algunas cuestiones importantes sobre el papel de las APPs en el desarrollo urbano:
(1) estas no han eximido a las municipalidades de los gastos para obras urbanas de áreas degradadas, foco de asociaciones público-privadas, por lo que la inversión en la construcción sigue siendo casi en un 100% pública, una vez que los préstamos utilizados por las empresas participantes también son públicos;
(2) en el caso de Operaciones Urbanas, no existe una división real de los riesgos, ya que las asociaciones se formalizan en contratos en los que el municipio ofrece garantías para el sector privado, si la operación no funciona;
(3) las APPs han utilizado su propio territorio como un activo financiero atendiendo a las necesidades del capital invertido allí, por lo que el destino del territorio implicado en la asociación no responde a una demanda real de la ciudad y la población que vive allí;
(4) APPs no oficializadas se llevan a cabo sin control social y sin considerar ninguna necesidad colectiva, lo que conduce a varios problemas, entre ellos: aprobación de proyectos irregulares a través de interpretaciones forzadas de la legislación urbana; cambios en la legislación, incluyendo cambios en la zonificación y en los parámetros de ocupación urbana; regulación selectiva de instrumentos del Estatuto da Cidade, que tiene sus objetivos distorsionados durante su aplicación; realización de grandes obras públicas de infraestructura que posteriormente tienen su entorno ocupado por grandes complejos edificados, por medio de APPs o no, y sin vínculo con el territorio en que se emplaza;
(5) mismo en las APPs oficiales, con legislación específica, es posible observar negligencia de la municipalidad en cuanto a las exigencias mínimas de la legislación en su elaboración e implementación, así como la flexibilización y alteración de parámetros de uso y ocupación del previsto en el Plan Director Municipal.
Para este artículo vamos a considerar el análisis de las APP; se dará especial énfasis al papel del gobierno municipal/local en la forma en que ha implementado estos instrumentos que promueven la financiación del desarrollo urbano, con énfasis en las operaciones urbanas conjuntas y en su marco legal.
Leia o artigo completo no link do site da Revista Entretexto.
